Las apps apoyadas en la economía colaborativa se extienden como la espuma.

Y en algunos casos, como el del transporte y el alojamiento, han ganado una presencia descomunal en muy poco tiempo. Su vertiginosa velocidad de desembarco pudo ser la justificación de las autoridades cuando hace menos de un lustro asomaron en España Uber y Airbnb, los dos grandes colosos de los modelos colaborativos. Pero han pasado los años y sigue sin haber una acción coordinada de las instituciones. Porque alguna regulación debería haber. El objetivo de la economía colaborativa es socialmente irreprochable: usar las nuevas tecnologías para sacar un rendimiento adicional de los bienes y servicios infrautilizados. Eso puede reportar, de paso, unos ingresos adicionales y, además, permitir recortar la lista de intermediarios que se colocan entre consumidor y productor. Eficiencia y más eficiencia.

El problema es que cuando la práctica de fórmulas colaborativas deja de ser anecdótica para convertirse en un fenómeno de masas aparecen consecuencias indeseadas. A veces se erosionan comunidades (véase Airbnb); en otras ocasiones se contribuye a apuntalar la precarización laboral (un tribunal británico obligó el año pasado a Uber a contratar a sus conductores de Reino Unido). Pero en todos los casos surgen acusaciones de competencia desleal por los sectores afectado.

¿A partir de qué momento entendemos que un particular pasa a ser un profesional, lo que conlleva una tributación distinta? ¿Se puede considerar, como sostiene por ejemplo Uber, que dicha empresa no es una compañía de transporte, sino una app que intermedia entre conductores y pasajeros? Si aceptamos que son meras plataformas digitales, ¿quién se encarga de revisar que quienes prestan los servicios que ellas gestionan cotizan a la Seguridad Social y pagan sus impuestos? Son muchos interrogantes, sobre los que planea otro de mayor envergadura: ¿conviene o no primar la libre competencia real entre la economía digital y la analógica? La CNMC se ha pronunciado a favor de las app apoyadas por la economía colaborativa.

En cuanto a la Comisión Europea, si bien todavía no ha elaborado normas vinculantes al respecto, también ha recomendado que se defienda la liberalización, aunque encomienda a los Estados miembros que diferencien entre “ciudadanos que ofrecen un servicio de manera ocasional y los proveedores que actúan como profesionales”.

¿Se le pueden poner puertas al campo? Probablemente, no. Pero no estaría de más tener algún guardia forestal pendiente de que no arda y se reduzca a cenizas./El Pais